Los que integramos la Fracción Parlamentaria de Convergencia en la LX Legislatura de Oaxaca esperamos que en esta semana, la Comisión de Administración y Justicia contemple en sus trabajos entorno a “Fiscalización de Recursos Públicos”, la propuesta que en diciembre pasado presentó Gabino Cué sobre la urgente creación de la Auditoría Superior del Estado, señaló Benjamín Robles Montoya.
El coordinador del bloque naranja consideró de vital importancia que al deliberar al respecto, sus compañeros legisladores analicen la idoneidad y viabilidad de los ejes que en su carácter de ciudadano oaxaqueño el Senador de la República delineó para impulsar en la entidad el ejercicio responsable y transparente del erario público.
Benjamín Robles detalló que una de las bondades de la propuesta –defendida por Convergencia en la Cámara de Diputados local-, es la creación de la Auditoría Superior del Estado, órgano fiscalizador, con autonomía técnica y de gestión, encargado de analizar profesionalmente las cuentas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, municipios, así como las que ejerzan organismos descentralizados como el Instituto Estatal Electoral, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Oaxaca, o el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.
“La Auditoría Superior del Estado supliría totalmente a la Contaduría Mayor de Hacienda, superando por mucho su capacidad de análisis, operación, desempeño y eficacia, dado que no estaría supeditada a ningún órgano gubernamental –aunque deberá entregar resultados al pueblo oaxaqueño a través del Congreso, eso no significa que esté a su servicio-“, siguió Robles Montoya.
El líder del águila naranja en la Cámara de Diputados en Oaxaca también dijo que otras de las características que sus compañeros deberán contemplar en la propuesta de Cué, es que todos los entes que rendirán cuentas al pueblo, entregarán trimestralmente a la Auditoría Superior del Estado un informe detallado de los recursos ejercidos, de manera que ésta determinará constantemente si existe una perfecta ejecución de montos y obras.
“De no ser así, la Auditoría Superior del Estado también estaría facultada para fincar responsabilidades y sancionar de manera administrativas a los servidores públicos, por ejemplo, mediante la suspensión de sus cargos; y de encontrarse delitos de carácter penal –como el fraude, o el abuso de confianza-, llevará el caso ante el Ministerio Público”, explicó finalmente Benjamín Robles.