La inseguridad sólo se vive en los municipios porque es el único ente real. El Estado y la Federación son entes ficticios, creaciones de la Ley y por eso no sienten la inseguridad. Las personas de carne y hueso viven en los municipios y paradójicamente, son los municipios los que carecen de policía profesional para cuidar a esas personas y sólo cuentan con topiles que hasta su presencia provoca risa.
Las palabras policía y política provienen del tronco común latino POLIS que significa ciudad o población. La política es el arte de gobernar, y policía es la vigilancia y protección de la ciudad y de su población. De tal manera que la función más importante del gobernante en su ejercicio político, es la de proteger a la población. El gobierno más cercano a la población es sin duda alguna el municipal. La población siente muy lejano a su gobierno estatal, y el federal, ni sueña sentirlo porque está mucho más lejos. Por su origen y justificación, el gobierno es esencialmente policía y es este el principal servicio público que debe prestar. Por eso los antiguos juristas afirmaron que el Estado nació para ser gendarme, pero con el paso del tiempo se perdió esa finalidad y pasó a ser un Estado empresario; entró en competencia con la iniciativa privada y se olvidó de su función de policía. Por su cercanía con la gente, es el gobierno municipal el que debe prestar con profesionalismo y dedicación el servicio público de policía, pero es el que menos recursos tiene para satisfacer esta necesidad.
La seguridad es un concepto muy genérico, porque tiene que ver con las diversas actitudes de los órganos de gobierno que marcan sus funciones de policía en la protección de la población. Por ejemplo: el poder judicial debe proteger a la población cuando aplica el derecho a través de las sentencias de sus jueces; la aplicación imparcial y justa del principio de legalidad, es un aspecto de la seguridad. El poder legislativo debe dar seguridad a la población a través de la creación de las leyes justas, que permitan la convivencia pacífica y armónica. El poder ejecutivo debe prestar con eficacia los servicios públicos necesarios para que la población alcance el bien común y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades. Y eso es seguridad, porque la delincuencia merma en la medida en que se combate a la pobreza. Los municipios en fin, deben cumplir con el compromiso de seguridad, en la medida en que los escasos recursos los canalice para el desarrollo social de sus comunidades. Uno de esos recursos es el reclamo a los Estados y a la federación, más eficacia en el combate a la delincuencia.
La seguridad se mide también en función de la prevención y la represión. Es mejor prevenir que reprimir, sentenció desde hace cuatro siglos el humanista César Bonessana Marqués de Beccaria. Y propuso que los gobiernos deben emplear sustitutivos penales como medios más eficaces de prevención de los delitos, porque acarrea además un ahorro significativo a los gobiernos represores. Decía Beccaria que si el alto índice de robos en una sociedad se debe a falta de fuentes de empleos, pues deben instalarse fuentes de empleos para que haya menos rateros. Si el alcohol es la causa de muchos delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos de motor, pues debe disminuirse mediante una reglamentación, tampoco represiva, de la venta de alcohol. Después de las nueve de la noche, ningún menor de dieciséis años –que es la edad penal en Oaxaca- debe andar en las calles sin la compañía de sus padres o tutores, y de esta manera se disminuirá el riesgo de que se les cometa algún delito. Si los fines de semana registran el más alto índice de crímenes, pues entonces debe reforzarse la policía en esos días, para prevenir y evitar la represión. La prevención es una tarea de los gobiernos, principalmente del municipal. Sustituir las penas por medidas preventivas, sólo puede encuadrarse en un programa de política criminal que debe estar inserto en el Plan de Desarrollo Municipal. Esta es nuestra contribución.