El tema de la distribución de las participaciones municipales a las agencias municipales y de policía, se ha quedado en el tintero legislativo y nadie lo ha tocado. Mientras tanto, un 80% de autoridades auxiliares no recibe de sus ayuntamientos ningún recurso para sus gastos de administración y sólo el 20% recibe aunque sea algo, pero la mayoría de manera desordenada, con criterios coyunturales y arbitrarios, arrancados por la presión que ejercen los grupos políticos en algunas agencias.
Actualmente, el Convenio de Coordinación Fiscal entre la federación y los Estados, establece la obligación de los ayuntamientos para distribuir las participaciones municipales entre todas sus comunidades. Atendiendo a ese sentido, las comunidades no solamente son las poblaciones de las agencias municipales y de policía, sino de las colonias y otros las rancherías. Las participaciones municipales provienen del Ramo 28, deben ser entregadas a los ayuntamientos a través de los gobiernos estatales cada quince días y está destinada para los gastos de administración o también llamado gasto corriente, como es el pago de la nómina, viáticos, teléfono, luz, papelería, combustibles entre otros necesarios para el funcionamiento de los gobiernos municipales. En virtud de que los agentes municipales y de policía tienen el status de ser autoridades auxiliares de los ayuntamientos, principalmente de los presidentes municipales, les corresponde una parte de esas participaciones de igual forma, cada quince días para el funcionamiento de sus oficinas.
En la realidad, la mayoría de los agentes municipales y de policía siguen poniendo de sus bolsas, todos los gastos de traslado, alimentación y hospedaje que implica la gestión de sus obras ante las dependencias municipales, estatales y municipales. Esos cargos son gratuitos sin remuneración alguna y muchas veces, se les impone como castigo o por envidia, porque al ser desgastante la función, no pueden trabajar o no pueden progresar en sus trabajos. En contraste, hoy en día no existe presidente municipal que ponga de sus bolsas dinero para sus gastos; y en casi todos lo casos, cobran sus dietas que más que eso, son en realidad sueldos ostentosos. Esta realidad ha creado una situación de desigualdad de condiciones, porque siendo el presidente municipal y el agente autoridades del municipio, sólo uno cobra y no gasta nada, y el otro pone todo y es más pobre.
Los estudiosos del derecho municipal, han propuesto cuatro criterios para la distribución de las participaciones municipales de los ayuntamientos a las agencias, haciendo una especie de Convenio de Coordinación Fiscal entre el Municipio y sus Agencias. Esos criterios son: el número de población, la distancia entre la agencia y la cabecera municipal, el grado de marginación y una base fija para todos, independientemente de que sean agencias muy grandes en población, muy lejanas o muy marginadas. De esta manera, la agencia más grande en población, no será necesariamente la que más participaciones reciba, porque pudiera recibir más una agencia que siendo pequeña en población, tenga un índice alto de marginación. La marginación tiene que ver con la pobreza que traducidas en acciones para su combate, equivale a la falta de oportunidades para su desarrollo social. Esas acciones o elementos son principalmente, el agua potable, drenaje, escuelas, centros de salud, áreas deportivas, pavimentación, electrificación entre otras.
El tema de la distribución de las participaciones de los ayuntamientos a las agencias, es uno de los principales durante las campañas políticas municipales. Los candidatos prometen una mejor distribución y las autoridades auxiliares se tragan el anzuelo, porque cuando llegan al gobierno municipal no cumplen.
El municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, fue pionero en este tema. En 1996 el ayuntamiento decretó la primera participación para sus 27 agencias. En Tezoatlán de Segura y Luna, una rebelión de agencias municipales y de policía durante el mandato del Presidente Municipal JORGE CIPRIAN, le arrancó una participación exagerada y desordenada.
Y así, mientras no haya una ley sobre este tema, algunas agencias tendrán por voluntad o por fuerza, alguna participación. Pero la mayoría no. Y así la injusticia seguirá.