En una reflexión anterior recordábamos que la gobernabilidad consiste en la capacidad de los gobernantes de dar respuestas precisas a los reclamos sociales de una manera democrática, ahora bien, esto aplicado a un gobierno municipal, debe ser en estricta observancia este principio, aunado que el orden de gobierno municipal es el que tiene el contacto directo con la población, a diferencia de los otros dos órdenes de gobierno que son el Estatal y el Federal; desde esta óptica el Municipio es una comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia, con capacidad política y administrativa.
El Municipio es el espacio de “vida” de todos los ciudadanos, en este espacio la sociedad, en su conjunto, reclama bienestar, desarrollo, seguridad, legalidad y transparencia en un estado eficaz, legítimo y democrático; sin embargo, es de todos conocido y sentido, que a nuestra administración pública municipal se le ha olvidado que tiene una herramienta y una facultad que le confiere la ley y es precisamente la capacidad política y administrativa y esta observación es en el asunto del transporte público en el municipio. Es clara la falta de capacidad política y administrativa que goza nuestra administración municipal en este rubro, es sorprendente la desorganización y falta de planeación del transporte en nuestra ciudad, el centro es un verdadero ejemplo de este mal, la toma de sitios para hacer base a diestra y siniestra en las calles céntricas es algo cotidiano.
Al referirme a una herramienta que tiene el municipio para poder controlar este fenómeno, es la legalidad y esta será obtenida mediante su reglamentación, entendiendo como reglamento el conjunto de normas generales, de carácter administrativo y obligatorio para toda la comunidad, expedidas por el ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la ley. El fenómeno del transporte en nuestro Municipio últimamente se ha recrudecido y una salida irresponsable del ayuntamiento, será lavarse las manos bajo el ya trillado argumento de que el municipio no es competente en este rubro, el municipio tiene la facultad y la obligación de reglamentar y regular la organización y funcionamiento de los servicios públicos que se presten en su territorio. El servicio público del transporte es una necesidad y una fuente de ingreso económico a nuestras familias, en esta difícil economía. Sin embargo, el orden en el municipio está por encima de esta circunstancia y esto es el “bien común”; una comparación podrá aclarar el panorama. Así como tiene el ayuntamiento la capacidad de controlar el servicio de “sexoservidoras” en el territorio municipal, bajo un reglamento de salud, así lo podrá hacer con todos los servicios públicos que se prestan en el municipio, y el transporte no es una excepción, quizás lo único que cambie en esta comparación, es que las sexoservidoras no tienen un líder político que las dirija, pero esta respuesta será la respuesta a la incapacidad de nuestros gobernantes de enfrentar lo que es un problema social, dirigido por un grupo de líderes sociales y es aquí donde se muestra la otra incapacidad y la mas peligrosa y es la “incapacidad política”